Durante 2016, México vivió una de las etapas más complicadas en su economía. El contexto global en el que participa la mayoría de las economías en el mundo se vio deteriorado por diversos acontecimientos que repercutieron en el crecimiento de las naciones. Primero, el escaso recuperamiento de los precios internacionales del petróleo; segundo, el triunfo del llamado “Brexit”, que trajo una de las jornadas más complicadas para los mercados de divisas; y tercero, el cambio del titular del poder ejecutivo en los Estados Unidos de Norteamérica, hecho que ha provocado incertidumbre acerca de las políticas comerciales que pretende emprender con el resto del mundo, particularmente con México. Todo ello repercutió para reducir las estimaciones de crecimiento económico de México durante 2016, así como las expectativas para 2017.

A lo anterior se suman los problemas internos de nuestra economía, pues resulta bastante preocupante que casi la mitad de los mexicanos se encuentre en situación de pobreza (Coneval, 2014). Además, enfrentamos una amenaza de traspaso inflacionario en los bienes y servicios de nuestra economía a consecuencia de la volatilidad en el tipo de cambio y la liberalización del precio de las gasolinas, por lo que resulta fundamental velar por la seguridad y protección de los más vulnerables. Por su parte, el gobierno necesita subsanar los niveles de deuda pública, a fin de mejorar la percepción de riesgo del país en sus finanzas públicas, pues una mejor calificación siempre redundará en mayor inversión extranjera en territorio nacional.

Como puede observarse, el desafío es grande pero creemos que con diligencia, compromiso y visión podremos superar cualquier adversidad que se nos presente. Las iniciativas de Ley que presentamos como Grupo Parlamentario se encuentran enfocadas en apoyar la economía interna de las familias mexicanas, así como en brindar la certeza jurídica y social que las empresas necesitan para desarrollar sus actividades sin inconvenientes y hacer posible la creación de nuevos y mejores empleos en territorio nacional. Por esto, proponemos:

Crear escenarios propicios para la innovación que posicionen a sectores estratégicos de la economía en la brecha de la competencia internacional.
Impulsar la creación de empresas e industrias, facilitando el financiamiento por parte de la banca de desarrollo, las instituciones financieras y el mercado de valores.
Impulsar las innovaciones financieras que acercan sectores de la población al sistema de crédito (fintech), garantizando certeza de sus operaciones a través de regulaciones que eviten el fraude.
Impulsar la diversificación de mercados internacionales e impulsar a México para que incursione en ellos, además de garantizar la integridad y cumplimiento de las disposiciones en el TLCAN que den certidumbre a los inversionistas en nuestro país.
Revisar la volatilidad inicial de la liberalización de los precios de los energéticos para las familias mexicanas y procurar la estabilidad de precios a través de la vigilancia oportuna, evitando abusos injustificados.
Asegurar que las políticas económicas ostenten objetivos con visión de largo plazo que puedan tener continuidad, sin importar los partidos políticos en el poder, para generar certidumbre, con un rumbo fijo a seguir para todos los agentes económicos.
Establecer una política de estímulos fiscales que tengan un efecto inmediato, dado el nuevo escenario y la amenaza de una posible reducción en la inversión nacional y extranjera.
Reducir los costos de entrada al sector formal de la economía a través de la simplificación de pago de impuestos, procesos de apertura rápida de empresas y monitoreo de negocios, así como otros trámites administrativos a nivel estatal.
Apoyar un sistema de comercio multilateral que funcione mejor y permita una mayor integración del sector, para que los proveedores competitivos sean capaces de conseguir oportunidades de mercado en forma equitativa, transparente, comercial y no discriminatoria.
Establecer reglas de operación financiera para los organismos de seguridad social, de modo que garanticen la viabilidad de recursos del Sistema de Protección Social en el mediano y largo plazo.