Tipo de sesión: Ordinaria

Diputado: Mirna Isabel Saldívar Paz

Tïtulo: Iniciativa que expide la Ley General de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental, Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Descripción: Se estima y considera evidente la obligación y la necesidad de contar con un marco regulatorio del párrafo octavo del artículo 134 Constitucional, en materia de comunicación social y propaganda gubernamental, mismo que proporcione a las diferentes instancias y órganos del Estado, los elementos jurídicos necesarios para llevar a cabo una vigilancia eficaz de la comunicación social y propaganda gubernamental de los tres órdenes de gobierno, a la par de garantizar la imparcialidad del ejercicio de los recursos públicos, la neutralidad de los poderes públicos, así como evitar cualquier forma de intervención de éstos en los procesos electorales y la promoción personalizada de servidores públicos con fines personales y político-electorales.

Impacto: La Iniciativa incorpora un conjunto de disposiciones normativas, a partir de las cuales se ordena la planeación del gasto en materia de comunicación social y propaganda gubernamental; lo anterior, con el objeto de que tales recursos sean ejercidos bajo criterios de racionalidad y proporcionalidad y sin la posibilidad de que pueda ser utilizado para para promover la imagen de servidores públicos.

Finalmente, con el ánimo de evitar que los sujetos obligados favorezcan o perjudiquen a algún proveedor o prestador de servicios relacionados con la producción, contratación, difusión u otras actividades relacionadas con la comunicación social y la propaganda gubernamental, se establecen reglas claras que servirán para que quienes participen del mercado de la publicidad, puedan acceder a prestar servicios de producción y difusión de contenidos y materiales en igualdad de circunstancias y sin favoritismos de cualquier índole, buscando en todo momento que la pluralidad de los medios y la libre competencia en la calidad de los servicios que ofrezcan, sean los factores que los sujetos obligados deberán tomar en cuenta al momento de decidir por la contratación que corresponda; ello, con el fin de garantizar plenamente los derechos fundamentales a las libertades de expresión, prensa y acceso a la información.

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