Es preciso establecer la obligación de que las entidades federativas cuenten con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones Ejecutivas de los estados podrán, con cargo al fondo federal o a los fondos estatales, proporcionar recursos de ayuda.

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